El exalcalde panista de Santa Catarina, Víctor Pérez, estuvo al borde de la destitución por desacato a una orden judicial y negligencia en el pago de indemnización.
Durante su mandato como alcalde, Víctor Pérez enfrentó una situación delicada debido a un caso de desacato a una orden judicial.
Durante la gestión de Alejandro Paez, el municipio construyó en un predio que resultó ser propiedad privada. El propietario del terreno llevó el caso a juicio y ganó, lo que llevó al Poder Judicial a ordenar al Municipio indemnizar al particular. Sin embargo, esta orden nunca se cumplió.
Tanto Dionisio Herrera, como Gabriel Navarro y Víctor Pérez, quienes sucedieron a Paez como alcaldes, no cumplieron con la orden de indemnización. Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia analizó posibles sanciones penales y la destitución del alcalde si no se pagaban los 46 millones de pesos de indemnización establecidos.
En respuesta a esta situación, Víctor Pérez afirmó desconocer el caso, aunque se esperaba que como alcalde estuviera al tanto de este tipo de situaciones. Para evitar su destitución, el alcalde tuvo que pagar la cifra establecida, pero el cheque municipal utilizado carecía de fondos, generando una situación aún más complicada.
Finalmente, el panista logró realizar el pago y evitar sanciones, pero esta acción dejó al Municipio al borde de la quiebra. La falta de cumplimiento de la orden judicial y la utilización de un cheque sin fondos reflejaron una gestión deficiente y negligente, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del Municipio.
Este incidente puso en evidencia la falta de responsabilidad y transparencia en la administración municipal durante el mandato de Víctor Pérez, generando consecuencias negativas tanto para el Municipio como para la imagen del alcalde.
Por su parte, con el exalcalde Héctor Castillo, la ASENL detectó anomalías en la cuenta pública del 2016 por la contratación de 17 empresas todólogas durante su gestión, para ser especificó fueron dos pares de empresa (Caloza y Grupo Altach) las que comparten domicilio fiscal despertando la alerta de la Auditoría Superior.
Y es que no se compartió evidencia documental de que los trabajos se realizaron.
Las 17 empresas facturaron 101.4 millones de pesos por servicios y obras que no entregaron.