La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, expresó su preocupación ante una delegación del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas acerca de las potenciales consecuencias de una reducción en el presupuesto destinado al Poder Judicial de la Federación en México.
Piña Hernández destacó que esta disminución presupuestaria podría dificultar la consolidación del sistema penal acusatorio y mermar la capacidad del Instituto Federal de la Defensoría Pública para ofrecer servicios a las personas más vulnerables.
Durante su encuentro con los miembros del GTDA, quienes están realizando una visita de trabajo en México, la presidenta de la SCJN resaltó los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en el país, especialmente en lo relacionado con la independencia judicial y la necesaria asignación presupuestaria suficiente.